La explicación del nuevo régimen de prisión preventiva

 

El pasado 1 de Junio se sancionó la Ley 8.869. La misma modificó el Código Procesal Penal de Mendoza (Ley 6.730) en la sección referida a la Prisión Preventiva. Esta sanción implica un cambio profundo en este instituto tanto en su aplicación como en su conceptualización.

Sintéticamente y sin entrar en detalles jurídicos, hasta hace poco la Prisión Preventiva se ordenaba ante dos circunstancias: cuando prima facie no fuera procedente la condena de ejecución condicional, y cuando siendo procedente, existía peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Finalizaba la misma cuando: se demostrara que no existían los presupuestos anteriores, su duración excediere los dos años y aún no hubiera sentencia, se asegurara el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley, y cuando prima facie no le correspondiera una sentencia mayor al tiempo que ha estado privado de la libertad.

¿QUE CAMBIO?

Con el nuevo alcance de este instituto procederá ante: casos de flagrancia, cuando no aparezca procedente la condena condicional (por la pena en abstracto que corresponda, reiterancia delictiva, y cuando existan condenas anteriores), y ante riesgo procesal (peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, y riesgos para víctimas o testigos).

Cesa en los mismos casos, con el agregado de que también finaliza cuando exista sentencia y se estime que oportunamente podría concederse la libertad condicional. Además se regulan específicamente los casos en los que se prorrogará su duración.

Resulta novedosa la forma en la que se instrumentará el pedido, el cese y los controles jurisdiccionales, atento a que deben ser solicitados oralmente en una audiencia que el Juez fijará (con soporte de audio). A dicha audiencia podrán concurrir y expresar su opinión tanto la víctima como los posibles querellantes. Deberá dejarse constancia escrita en el expediente mediante auto fundado.

Finalmente, se establece la fatalidad del plazo de 10 días para solicitar la Prisión Preventiva (salvo prorroga).

INTERROGANTES

¿La procedencia en estos términos, es compatible con las históricas posturas de los organismos de Derechos Humanos?

¿Permitirá la Corte (Nacional y Provincial) que se la utilice como pena anticipada?

¿Constituye una ley que evite la “puerta giratoria”?

¿Los juzgados y cárceles soportarán la implementación de esta Ley?

Más allá de la pésima técnica legislativa, las nuevas disposiciones generan muchas dudas que la doctrina y la jurisprudencia deberán resolver a la brevedad.

Por César Augusto Guttiérez - Abogado

 

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