Editorial sobre pago a Fondos Buitres por economista

 

Cronología del pago a los Fondos Buitre, para NO expertos en el tema.

 

Finalmente se aprobó el pago a los fondos buitre que habilitaría a tomar “medidas tendientes a cancelar, con quitas significativas, la deuda en cesación de pagos”,  tal cual versa el proyecto original enviado por el poder ejecutivo al Congreso. La presente nota propone hacer un brevísimo repaso sobre el proceso llevado a cabo desde el canje, las idas y vueltas entre el juez Tomás Griesa, el gobierno argentino y los holdouts para luego exponer algunas de las principales críticas a favor y en contra del pago.

En Marzo del 2002, luego del estallido de una de las mayores crisis económicas y sociales que vivió el país, se sancionó la ley Nº 25.565 que postergaba el pago de la deuda pública para poder atender las funciones básicas del Estado Nacional. Es de suma importancia discutir si esa deuda es o no legítima, sin embargo esgrimir los postulados correspondientes excede los límites de ésta nota.

En noviembre de 2003 se volvió a diferir el pago hasta que el Ejecutivo declara la finalización de la reestructuración de la deuda. Cabe aclarar que una “reestructuración de deuda” es un proceso por el cual se cambian, principalmente, los plazos y los intereses de una obligación, en términos prácticos lo que se hace es decir “señor a usted le debo $100, pero no le puedo pagar esa cantidad ahora, entonces le ofrezco darle un papel que dice que le voy a pagar $110 en tres cuotas, a partir del año que viene”.

En diciembre de 2004, mediante el decreto 1735, se determina canjear la deuda cuyo pago había sido postergado en 2002. A modo de ejemplo, en un canje lo que el Estado hace es decirle a los privados (en este caso a los nacionales e internacionales): “Usted tiene un papel que dice que yo tendría que haberle pagado el año pasado $50 y el mes pasado otros $50, como yo le dije hace dos años que no le podía pagar, hoy le ofrezco darle este otro papel que asegura que le voy a pagar $120 en 5 cuotas. ¿Usted sería tan amable de aceptar esta propuesta?”. Una vez decretado el canje hubo acreedores que se presentaron y otros que no se presentaron. Estos últimos son los llamados holdouts o “Fondos Buitre” que prefirieron hacerle juicio al Estado argentino, confiando que, al ejercer las presiones necesarias, lograrían obtener una sanción favorable por parte del juez correspondiente, que es el ahora famoso Tomás Griesa. En ese momento el Congreso determinó que el Estado no podía, en el futuro, reabrir el canje para los holdouts. A pesar de esto, en 2009 el mismo Congreso suspendió los artículos que prohibían reabrirlo. Así, se habilitó al ejecutivo a hacerle una propuesta nueva a los fondos buitre, que llegó con el decreto 563 en 2010. Nuevamente hubo personas, mejor dicho grupos económicos con mucho poder, que prefirieron no aceptar el canje sino seguir por la vía judicial.

Pasando en limpio, hubo dos canjes. Uno sancionado a fines de 2004, que es llamado “el canje del 2005” por el momento en que realmente se instrumentó y otro en 2010. El 92,4% de los acreedores aceptó alguna de estas dos propuestas, mientras que el 7,6% decidió continuar judicialmente exigiendo el cobro del total de sus acreencias originales. Ese 7,6% está conformado principalmente por grandes grupos económicos, que obligan a un país entero a hacerles un pago multimillonario que influye, en gran medida, en la cantidad de desempleados, pobres, indigentes y, sobre todo, ricos que habrá en nuestro país a partir de ahora.

¿Por qué tantas idas y vueltas entre el Estado argentino y el juez Griesa?

Porque el gobierno de Cristina Fernández sostenía que los fondos buitre lo que buscaban era enriquecerse a costa de nuestro país, no olvidemos que el pago a estos holdouts implica una ganancia extraordinaria para muchas personas que ya son millonarias. Más allá de la lectura individual que haga cada uno de esto, lo concreto es que los buitres fundaban sus demandas en una clausula llamada “pari passu” que establece que ningún bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga. Por lo tanto en 2012 el juez le ordena a la Argentina hacerle una nueva propuesta a los holdouts, orden que nuestro país decide no acatar, yendo a la Corte Suprema de Estados Unidos y pidiéndole que la deje sin efecto. Pues nuestro país ya había hecho no una, sino dos propuestas de pago que fueron consideradas justas, para ambas partes, por casi el 93% de los acreedores. Sin embargo, la Corte no dio lugar al pedido argentino. Resulta bastante obvio que la Corte de EEUU fallara a favor de fondos que son en su mayoría estadounidenses.

En ese entonces, el temor era que si Argentina hacía un ofrecimiento (mejor que la de los anteriores canjes) a ese 7% de acreedores, el otro 93%, con el que ya había acordado, decidiera reclamarle lo mismo. Esto era posible gracias a una cláusula llamada “RUFO” que vencía el 31 de diciembre de 2014. No perdamos de vista que cada vez que se habla de “hacer una propuesta nueva” hablamos de ofrecerle pagar miles de millones de dólares a fondos que “juegan” en el sistema financiero con la posibilidad de acrecentar su riqueza exprimiendo a quien sea necesario.

Mientras tanto nuestro país hacía los pagos correspondientes a los fondos que aceptaron los canjes, a pesar de que estos pagos quedaban retenidos en un banco de Nueva York hasta que el juicio concluyera.

Una vez sucedido esto, aparecieron muchos otros fondos especulativos que exigieron se les diera el mismo trato que a los que se les estaba aceptando la cláusula “pari passu”. Cuando se habla de “fondos especulativos” se hace referencia a grupos económicos que estaban esperando que se dieran las condiciones necesarias para obtener una ganancia aún mayor a la que ya tenían. Claro que sin importar qué consecuencias pueda tener esto para un país subdesarrollado como el nuestro.

En 2015 Argentina presentó ante la Organización de las Naciones Unidas nueve principios básicos sobre reestructuraciones de deuda soberana. Estos principios intentan proteger a los países de ataques de fondos especulativos, como los fondos buitre. Por una amplia mayoría la Asamblea General de la ONU aprueba estos principios, abalando la posición tomada por la Argentina ante los holdouts. Uno de los pocos que votó en contra en la ONU fue Estados Unidos. A pesar de esto, las decisiones o declaraciones de la ONU son no vinculantes, es decir, que no obligan a nadie a llevar a cabo las acciones que allí se “aconsejan”.

En éstas condiciones finalizan las negociaciones del gobierno de Cristina de Kirchner, otra historia comenzó con el cambio presidencial. Aunque, en el caso de pagar a los fondos buitre, habría una continuidad bastante clara, ya que durante la etapa kirchnerista Argentina fue un “pagador serial” de la deuda externa.

(Para continuar con la actualidad del acuerdo ver nota “Pago a los Fondos Buitre, la aprobación contada para NO expertos en economía.”)

 

Pago a los Fondos Buitre, la aprobación contada para NO expertos en economía.

 

(Para una completa comprensión ver Cronología del pago a los Fondos Buitre, para NO expertos en el tema.”)

Llegamos al 2016. Cambió el gobierno y cambió la actitud de nuestro país ente el capital especulativo. Para el nuevo gobierno la prioridad fue ir a “negociar” con personas que se van a enriquecer con el esfuerzo de cada argentino. Se les hizo una propuesta nueva a los holdouts o “fondos buitre” (luego de las anteriores en 2005 y 2010) que, en principio, habrían aceptado. Y digo “habrían” porque las negociaciones se hacen en privado, sin la firma de ningún papel que los obligue, luego, a aceptar algo. Ante estas negociaciones, Griesa comunicó al gobierno de Mauricio Macri que él retiraría la cláusula por la cual se obliga a pagar a los buitres lo mismo que a los que ingresaron al acuerdo de 2005 y 2010 (cláusula “pari passu”) siempre y cuando el presidente haga que el Congreso deje sin efectos dos leyes que prohibían el pago a los holdouts (la “ley cerrojo” y la “ley de pago soberano”, leyes votadas por la mayoría de los representantes del pueblo argentino).

Para ser claro, se está aceptando que un juez de Estados Unidos tenga el poder para obligar a un país que haga y deshaga sus leyes de acuerdo a sus antojos y al de un grupo de millonarios.

El Senado finalmente aceptó pagarle a los fondos buitres. ¿Quiénes aceptaron? Los senadores de “cambiemos” y sus aliados massistas y Justicialistas, pero además lo hicieron 26 de los 43 senadores del Frente para la Victoria. Sí 26 de los que aplaudían a Kicillof cuando se reusaba a acordar con los holdouts y presentaba los 9 principios en la ONU.

La propuesta consiste en pagarle a los buitres no sólo el valor de los títulos en su poder (es decir lo que se le debía desde antes de 2001) sino que un 50% más. Es algo así como decirle: “Sr. a usted que no aceptó lo que en su momento era considerado justo por la mayoría, que pone en riesgo la economía entera de un país, que hizo oídos sordos a lo que la ONU dijo, le voy a pagar, por tener la capacidad de especular y el suficiente poder económico y político, lo que le debo y un 50% más”.

¿De dónde van a salir la plata? El congreso autorizó al gobierno de Macri a endeudarse por 12.500.000 (doce mil quinientos millones) de dólares. ¿Es decir que nos vamos a endeudar para pagar deuda? Sí, justamente eso. Vamos a deberle a nuevas personas, y posiblemente a algunos de los que ya les debíamos, para pagarle a nuestros acreedores anteriores al 2001.

¿Y de dónde va a salir la plata para pagar en el futuro esta nueva deuda? Esa es una pregunta que parece haber quedado de lado en la discusión y que tampoco se ha logrado encontrar con facilidad en la oposición kirchnerista. Porque el discurso de los economistas del actual gobierno asegura que este procedimiento nos permite reinsertarnos en el mercado financiero, con lo cual tanto gobiernos provinciales como el nacional podría obtener dinero prestado de organismos internacionales. ¿Y para qué tanto pedir dinero? El oficialismo asegura que en parte para infraestructura, es decir para obra pública. Pero en realidad la obra pública se paga en pesos, no en dólares, así lo que se necesita para construir escuelas, hospitales, rutas, etc. son pesos, los cuales necesariamente deben ser impresos por el Estado (el gobierno Nacional es el único que tiene la máquina de hacer billetes). El problema es que el oficialismo asegura que no imprimirá tantos billetes como el gobierno kirchnerista porque, según sus postulados, eso genera inflación. Entonces en ese discurso hay algo que no cierra. Lo seguro es que los nuevos dólares, que nos van a prestar para pagar a los buitres, hay que devolverlos.  ¿Cómo se obtiene dólares en una economía? Logrando el superávit comercial (ya que a través de las exportaciones ingresan dólares pero a través de las importaciones se pierden), con ingresos de capitales externos o bien con más endeudamiento. El presidente ha dejado ver que intenta lograr un ingreso de capitales con la forma de “inversiones extranjeras”. La cuestión aquí es que ningún empresario va a invertir en un país sólo porque le gustan sus paisajes o porque le cae bien su presidente, sino que para que elijan instalarse en un determinado lugar se les debe asegurar una percepción cuantiosa de ganancias. Para ello es necesario tener altos ingresos pero sobre todo costos reducidos, en comparación a otros países. En una situación como la actual, en donde la inflación hace que los costos de materias primas e insumos se tornen cada vez más altos, el ahorro debe provenir de otro lado. De los principales costos sólo nos resta los salarios y los impuestos. Por lo tanto, alguno de estos debe mantenerse reducido para lograr atraer a los inversores. Que se determinen exenciones impositivas (cobrarles menos tributos) agrava la situación del déficit fiscal del estado, puesto que disminuyen sus ingresos, con la consecuencia de menor gasto público. Que se determinen salarios reales bajos, empeora la situación de los trabajadores que, de ser así, deberán pagar el costo del pago a los fondos carroñeros. Siendo así, parecería que la carga de haber salido a buscar financiamiento internacional hace más de 15 años va a terminar recayendo sobre cada uno de los trabajadores argentinos, y, de seguir recurriendo a estas fuentes de financiamiento como lo proponen los actuales gobiernos oficialistas, es muy probable que lo mismo suceda en el futuro, aunque tenemos décadas por delante para comprobarlo.

Lo que queda abierto a la discusión, es la legitimidad de la toma de deuda externa, cuáles han sido las consecuencias históricas de estos procesos y cuál es la consecuencia del pago de un gobierno kirchnerista que, en el discurso, se aseguraba antiimperialista pero que en la práctica utilizó gran cantidad de reservas del país para pagar a organismos internacionales.

Mariano Chacón, economista.

 

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