Solicitan la concurrencia de Jueces de Garantías y Fiscales a las unidades penitenciarias

 

Es a partir de una iniciativa que ingresó a Diputados esta semana. Modifica el artículo 8 de la ley 8.842 de Emergencia en Seguridad. Consenso para su pronto tratamiento.

Se le dio ingreso a la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que propone un agregado al artículo 8 de la Ley de Emergencia en Seguridad que fuera sancionada recientemente.

El proyecto propone agregar, en el artículo 8, lo siguiente: “con el fin de optimizar los recursos humanos, policiales y penitenciarios afectados al cumplimiento del objeto de la presente Ley, los Jueces de garantías y Fiscales que tengan a su cargo la intervención en procesos penales deberán procurar realizar las audiencias con las personas bajo prisión preventiva en el ámbito de la misma unidad carcelaria donde se hace efectiva, en ambientes especialmente adecuados a tal fin y respetando las condiciones legales de la garantía constitucional de la legítima defensa”.

Asimismo, sostiene que “El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial celebrarán los convenios necesarios para una eficaz aplicación de lo dispuesto en la presente norma”.

Esta iniciativa ha sido elaborada por el justicialista Jorge Tanús y María José Sanz, diputada por el radicalismo, acompaña con su firma.

El proyecto fundamenta el agregado al artículo explicando que “la emergencia en seguridad dispuesta por la Ley 8842 tiene entre sus fines ampliar y potenciar los recursos disponibles para la lucha contra la delincuencia”. Por lo que, en ese marco, se debe “reorganizar las fuerzas policiales y penitenciarias, modernizar sus estándares de funcionamiento, la profesionalización y la optimización de los recursos humanos disponibles”.

En tal sentido, agrega que “el esfuerzo del Poder Ejecutivo debe ser complementado con medidas cuya aplicación corresponde al Poder Judicial como actor fundamental en el combate contra el delito”; y para ello, evitando el traslado de personas con prisión preventiva desde su lugar de detención hasta el ámbito de tribunales, sin tener que realizar complejos operativos, con afectación de fuerzas policiales y penitenciarias, y comprometiendo con ello importantes recursos humanos y físicos.

Por lo tanto, en función de racionalizar los operativos de seguridad, se dispondría la concurrencia de Jueces de Garantías y/o Fiscales a las unidades carcelarias, garantizando la legítima defensa de las personas sometidas a proceso penal, más la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que aseguren las condiciones materiales y humanas en que se realizarán las audiencias.

Sintetiza el proyecto, en sus fundamentos, que “la concurrencia de los Jueces de garantías y los Fiscales a los lugares donde se encuentran detenidas las personas sometidas a proceso penal, les permitirá, además, tener una mayor cercanía con las condiciones en las que se cumple la detención, redundando esto en un mejor control del sistema”.

 

 

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