Cornejo impulsa cambios para agilizar la Justicia

 

El Gobierno de Alfredo Cornejo parece decidido a terminar con el paradigma de que “la Justicia es lenta”. Por eso sus equipos trabajan para enviar esta semana, a la Legislatura, un nuevo proyecto de Ley que apunta a la “eficacia penal”.

Será la octava norma relacionada con temas de Seguridad de esta gestión, desde que se aprobó la Emergencia, en marzo. Aunque podría ser la novena, si se suma la reciente autorización legislativa de un endeudamiento de 90 millones de dólares para construir la nueva cárcel.

La impronta que los abogados del Ministerio de Gobierno buscan dar a esta nueva norma, es la de “celeridad” en los procesos penales, a través de la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal (CPP) y de la ley 8.008 (Orgánica de Ministerio Público). Con una característica principal: la de otorgar “oralidad” a actos que ahora se hacen por escrito, con la idea de reducir a horas o días, lo que hoy dura entre 3 meses y un año y medio.

Lo que se busca es agilizar el proceso de “investigación penal preparatoria”, es decir la tarea investigativa que realiza el fiscal y que finaliza en la elevación a juicio de una causa. La mayor parte de esta tarea hoy se hace por escrito, esto es, la investigación, la convocatoria a audiencias testimoniales y la oposición de la defensa, entre otros puntos.

“Con la ley 8.869 (prisiones preventivas) dimos oralidad a una parte del proceso. Ahora buscamos lo mismo en la investigación penal preparatoria para agilizarla”, destacan en el Gobierno, donde también reconocen que intentan “una reforma quirúrgica” del CPP. Eso apunta además a que el Código, por fin, logre aplicarse en toda la provincia.

En el Gobierno aseguran que hay consenso con la iniciativa. “Estamos en sintonía”, dicen, en relación a la reunión del martes pasado en la que se analizó el proyecto junto a miembros de la Suprema Corte y al procurador general, Rodolfo González (jefe de los fiscales).

Esto a pesar de la “grieta” del Poder Judicial. “Para resolver el problema de la seguridad se necesita diálogo y en eso estamos”, añaden los funcionarios de Cornejo.

Audiencias más rápidas

“Se promueve profundizar la metodología de decisión en audiencias orales como uno de los núcleos centrales”, dice en sus fundamentos del proyecto. “Para que todo criterio de oportunidad, oposición, juicio abreviado u otro trámite que no tenga previsto uno especial, se realice en audiencia oral, pública e indelegable”, sigue.

Actualmente el proceso investigativo dura al menos 3 meses, prorrogable por 3 más, aunque pueden añadírsele otros 12 meses, si el caso es complejo. Además, el pedido de prórroga implica trámites que demoran más el proceso, entre la aceptación del juez y la oposición que puede hacer el defensor.

La idea es que todo eso que hoy se hace escrito, sea en un acto oral, con la presencia del juez, el fiscal y el defensor. “Así habrá inmediatez y lo que hoy dura un año y medio, puede durar un momento. La prórroga, en vez de 3 meses, sólo días”, dijo Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia. 

Según el funcionario, la oralidad “contribuye a profundizar el sistema acusatorio”, que es el que funciona (sólo en el Norte y en el Sur) desde la aplicación -en 1.999- del nuevo CPP. Antes prevalecía el sistema “inquisitivo”, que persiste en el Este y el Valle de Uco. “La oralidad podrá usarse en toda la provincia”, señaló el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

Poder al querellante

La “profundización” del sistema acusatorio también se verá en el rol que ahora cumplirá el querellante particular. Actualmente, quien querella sólo interviene cuando se lo acepta como tal, siempre que el abogado defensor lo acepte pero, además, no puede intervenir si no hay imputado. “Ahora podrá intervenir desde el momento de la imputación, sin necesidad de que haya imputado o no”, explicó D'Agostino, añadiendo que “coadyuvará” a la tarea del fiscal.

Notificaciones ágiles

Otro propuesta “fundamental” de la reforma es evitar los traslados de expedientes. Hoy en día, la burocracia de una notificación implica desde la orden de un juez hasta el traslado que realiza un ordenanza de los expedientes, lo que puede tardar varios días. “Ahora habrá notificación electrónica”, confirmó D'Agostino. “Incluso podrá usarse Whatsapp si el defensor acepta”, continuó.

Esto no implica la desaparición del expediente, ya que la notificación se imprimirá. “Pero el expediente no saldrá del Juzgado”, dijo D'Agostino.

Está claro que, a futuro, la idea es que el expediente se vaya dejando de lado. Por eso es que también se guardarán y digitalizarán audios de las sesiones orales, que serán tenidos en cuenta en instancias posteriores, incluyendo las apelaciones que puedan darse.

La figura del co-fiscal

El CPP renovado en 1999 creó la figura de los fiscales especiales y su aplicación, ejecutada por el procurador general, hizo surgir también a los co-fiscales, cuya tarea siempre fue “colaborar” con aquellos. Con el tiempo la figura devino en los ayudantes de fiscal.

El proyecto apunta a reinstalarlos. “Con lo hecho en prisiones preventivas, mucho personal calificado quedará ocioso. Estamos estudiando la posibilidad de darles el poder para que puedan suplir al fiscal en ciertas audiencias”, indicó el subsecretario. De hecho, el proyecto plantea una modificación del artículo 39 de la ley 8.008 (Ministerio Público) donde crea específicamente la figura del ayudante fiscal.

Además se agregaría un artículo “41 bis”, que detallaría  sus “deberes y atribuciones”.

 

Los nuevos juzgados de Garantías “plurales”

Un punto que el Poder Ejecutivo no termina de definir aún, pero que puede incorporarse al proyecto, es la reformulación de los juzgados de Garantías.

Lo que se pretende es terminar con el formato actual de esos juzgados, limitados a un lugar y dependientes de un solo magistrado. “La idea es formar un juzgado plural de Garantías”, indican los funcionarios, convencidos de que con el cambio, “la función del juez nunca se detendrá”.

Para que eso ocurra, las causas serán llevadas por el Juzgado (no por un juez en particular). Así, cualquiera de los jueces integrantes de ese juzgado podrá atender la causa en el momento que se lo necesite. “Habrá una oficina de Gestión, que dependerá de la Suprema Corte y manejará las audiencias”, destacó D'Agostino al respecto. “Esto impedirá que se retrasen expedientes y que se posterguen audiencias”, justificó.

 

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