Gas: los aumentos siguen frenados y define la Corte

 

El Gobierno busca que el alza en las tarifas de gas sea tratada por la Corte Suprema de Justicia. La sala II de la Cámara Federal de La Plata, que en un fallo anterior había prohibido los aumentos en todo el país, aceptó una apelación del Poder Ejecutivo al respecto.

De esa forma, esa cámara platense dejó listo el camino para que el máximo Tribunal defina el futuro de los incrementos en las boletas de este servicio.

Sin embargo, el Gobierno no podrá aplicar todavía el último aumento del gas con el tope del 400% en las facturas. Es porque el tribunal platense decidió mandar el caso a la Corte con efecto “devolutivo”: eso implica que el máximo tribunal decidirá si se aplica ese incremento o no.

En el Poder Ejecutivo comenzaron a vincular lo que sucederá con el gas con el camino que quieren adoptar para las tarifas de la luz, que también están bajo el escrutinio judicial.

“Tarde o temprano, lo que uno está gastando lo va a pagar, manifestó ayer Marcos Peña, jefe de Gabinete de ministros, quien anticipó que el Gobierno pedirá un “per saltum” a la Corte por la electricidad.

En el fallo del gas, la sala II de La Plata resolvió dividida sobre cómo debía aplicarse la apelación pedida por el Gobierno nacional. El juez César Alvarez, uno de los tres camaristas y presidente de la sala, se pronunció para que la apelación del Poder Ejecutivo tuviera efecto “suspensivo”.

Eso le hubiera permitido al ministerio de Energía omitir los efectos del fallo que anulaba los aumentos anteriores y aplicar el último, con el incremento con un tope de 400% en relación a las facturas de 2015. Pero esa posibilidad le fue negada por los otros dos integrantes de la sala.

La posición de Olga Calitiri (vicepresidente de la sala) y Leopoldo Schiffrin (vocal) se terminó imponiendo. Esos magistrados consideran que “no corresponde” permitir al Gobierno que aplique el incremento.

El Poder Ejecutivo corrigió los aumentos de gas que los jueces quisieron impedir con su fallo anterior. Emitió una resolución, con topes de 400%, pero aclaró que no la aplicará hasta que no cuente con luz verde legal. Ese cambio (fue la tercer modificación en las facturas desde abril) le generó un costo político.

En su fallo de ayer, el tribunal platense entiende que hay “incertidumbre y confusión general en que nos debatimos en la actualidad sobre el punto de las tarifas de gas”, según escribe el juez Schiffrin. En su decisión, el magistrado parece ignorar la responsabilidad de la cámara que conforma en el conflicto económico que se generó.

“Es indiscutible la gravedad institucional que existe en la actualidad”, detalló la jueza Calitiri. También manifiesta que quiere “hacer cesar el estado de incertidumbre que existe en la actualidad entre consumidores y usuarios del servicio de gas respecto a la falta de facturación”. En su detalle, Calitiri observa que las factura de gas en “algún momento deben ser abonadas”.

Ambos magistrados hicieron hincapié en la celebración de una audiencia pública. El Gobierno la hará en octubre. Sin embargo, ese mecanismo de consulta solo sirve para las tarifas de distribución (el servicio que prestan MetroGas y Gas BAN) y transporte, y ni siquiera es vinculante (obligatorio).

La decisión del Gobierno pasa por reconocer un mayor precio por el gas en si mismo. Es el dinero que reciben los productores. Ese aspecto conforma un 60% de la factura y el Poder Ejecutivo no necesita ninguna aprobación judicial para hacerlo, según la normativa legal vigente.

Después de un largo tiempo sin emitir facturas, las distribuidoras volvieron a mandarlas.

Como no les permiten aplicar incrementos, lo están haciendo con los valores vigentes a marzo, que es lo indicado por la justicia.

Camuzzi, que es la distribuidora de Bariloche envió las boletas a los 55.000 clientes de esa localidad. El resto de las compañías evalúa seguir los mismos pasos. 

 

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