Los condenados por violencia de género fuera de cargos públicos en el Concejo y la Municipalidad

 

La Concejal del Frente para la Victoria, Natalia Galamba, propone establecer como causal de inhabilidad de acceso a cargos públicos de rango jerárquico y/o legislativo que desempeñe en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, tanto en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante como en la órbita de la Municipalidad de San Rafael, a toda aquella persona que cuente con  sentencia condenatoria firme por casos vinculados a violencia contra una mujer o cualquier miembro de su familia.

Al respecto explica que “Se entiende por función pública con rango jerárquico a toda aquella actividad o prestación de servicio realizado por un funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, dentro de la órbita de la administración municipal de manera temporal o permanente, remunerada u honoraria, en nombre del Municipio o al servicio del Municipio”.

Según establece el proyecto de la edil “Cuando el autor o responsable con sentencia condenatoria firme por casos vinculados a violencia contra la mujer o la familia, sea un funcionario público de cargo jerárquico y/o legislativo en ejercicio de sus funciones, será destituido del mismo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.

Y agrega “Quien pretenda acceder a cargos públicos en el ámbito de la órbita municipal deberá presentar Certificado de antecedentes penales hasta tanto se cree el Registro de Infractores a la Ley de Violencia de Género, una vez implementado este registro provincial  o algún otro registro que se cree a futuro a nivel nacional y que certifique Antecedentes de Violencia en razón de Género y Familia, presentará la certificación correspondiente”.

El proyecto de la edil surge porque en  los  últimos  años  el  fenómeno  de  la  violencia  contra  la  mujer  viene agudizándose  y  cada año  aumenta su número de víctimas, sin distinguir  entre  clases  sociales,  edad o nivel cultural.

La provincia de Mendoza  y en especial nuestro departamento no son ajenos a esta problemática que va desde la discriminación social y laboral de la mujer, a la violencia de género e incluso hasta el femicidio.

Según un informe realizado por la Comisión de género y equidad de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza denominado “Mapa de abordaje de la Violencia de Género”, San Rafael ocupa el segundo lugar luego de Las Heras con 670 denuncias atendidas en la Coordinación de Mujer y Género departamental,  durante el periodo 2013 – 2015.

Si bien en los últimos años nuestro país ha avanzado considerablemente en legislación en materia de género y familia, la sociedad demanda una aplicación efectiva de las normas y aumento de presupuesto para que se implementen.

“Por esto consideramos que el Estado debe ser el primero en comprometerse con la legislación y, como principal benefactor y protector de las leyes y derechos ciudadanos, no debe amparar bajo su órbita, funcionarios, empleados o representantes que tengan antecedentes vinculados a la violencia de género y/o de familia” explicó Natalia Galamba.

 

 

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