Las entidades de bien público no deberías sufrir el aumento del gas

 

El aumento desmedido en el valor del servicio de gas ha traído muchos problemas a la sociedad. Ya es de público conocimiento que para los usuarios residenciales, el aumento pretendido se dejó de lado y no será del 400% cómo se pensaba. 

El problema radica en los usuarios industriales o comerciales, que por tener fines lucrativos si sufrirán el aumento. 
Respecto a esta situación, se pretende hacer una distinción a aquellas entidades de Bien Público para que no sufran el aumento y deban tomar medidas drásticas.

Las Entidades de Bien Público en nuestro país, tienen, desde noviembre de 2015, un Régimen Tarifario Específico instituido a través de la Ley 27.218, sancionada por el Congreso Nacional.

Esta ley establece un tratamiento particular para estas entidades en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos, además de exigir a los entes reguladores de servicios públicos a incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por dicha norma.

Este beneficio especial en relación al pago de los servicios públicos corresponde a asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan.

Nuestra Provincia aún no adhiere a esta  ley, por lo que muchas de estas entidades, que desconocen la existencia del beneficio, ya han sufrido aumentos muy importantes  en las tarifas de gas y electricidad, por ejemplo, debido a que en algunos casos su nivel de consumo es alto y están catalogados como grandes consumidores.

El espíritu de la ley es garantizar el funcionamiento de organizaciones no lucrativas que nacieron por iniciativa de grupos específicos de personas que unieron esfuerzos para obtener  beneficios para la comunidad. Por lo que la norma entiende que es deber del Estado colaborar en su fortalecimiento  y ayudar a su trabajo, y establece cuáles son los servicios públicos catalogados como esenciales para facilitar la concreción de los fines específicos de las instituciones: agua potable y desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía. Y además determina los topes de facturación a considerar para morigerar los gastos fijos de las entidades.

“Consideramos necesario que en forma urgente nuestra provincia adhiera a la Ley nacional 27.218 y se designe una autoridad local  que deberá hacer  cumplir dichas disposiciones, ya que esto permitiría en su momento la adhesión a nivel municipal” explicó la autora de la iniciativa, Natalia Galamba.

Como consecuencia, y basado en la responsabilidad que como Estado tenemos de garantizar y promover los derechos de las Entidades de bien público a cumplir con su labor social es que el Concejo Deliberante aprobó una Declaración, por la que solicita a la Honorable Cámara de Diputados y la Honorable Cámara de Senadores de  la Provincia de Mendoza, la pronta adhesión de la provincia de Mendoza a la Ley nacional 27.218 “Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público”.

 

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